miércoles, 7 de octubre de 2009

ANÁLISIS DE GESTION DE CONAP


Un análisis del último año de la gestión ambiental en Guatemala, síntesis de la entrevista realizada a Juventino Gálvez, ex Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

Con la creación en 1989 del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) le da un impulso sin precedentes a la conservación in situ de áreas de enorme valor natural y estratégico para el país.
“Se supuso que el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas incluyera las áreas naturales más importantes de Guatemala, pero sobre todo, que se les asignara una categoría de manejo de acuerdo a las circunstancias que rodean el espacio natural en cuestión (técnicas, sociales, económicas, políticas). Así, se diseñaron zonas para la conservación estricta, y otras que podían ser utilizadas para fines productivos respetuosos.

Esta idea supone, a mi criterio ( SR. Gálvez), una buena alternativa para la conservación de ecosistemas valiosos, ajustada a la realidad guatemalteca.
Durante mi estancia en CONAP, fue usual encontrar en el grueso de actores, una percepción errónea sobre la temática ambiental; se veía como algo marginal, y sobre todo como un asunto sectorizado”.

Debe señalarse que la gestión de CONAP era demasiado empírica lo cual provocaba que el trabajo fuera de mala calidad según opinión del señor Gálvez calidad. Hasta 1998 el CONAP tenía debilidades evidentes, como la falta de un plan operativo aún en las mínimas expresiones, la falta de presupuesto acorde al nivel de compromiso institucional (aun persiste), una gran cantidad de deudas que habían provocado que los proveedores no estuvieran dispuestos a dar más crédito. Pero sobretodo no había un planteamiento explicito acerca de la visión estratégica de la gestión de la biodiversidad in situ para el país.

“Las agencias donantes internacionales controlaban qué financiar, a quién y cómo, sobre todo porque no tenían confianza en la capacidad de los funcionarios de la institución para llevar a cabo la gestión de las áreas protegidas. Creo que esto era generalizado para muchas instancias gubernamentales en sus relaciones con la Comunidad Internacional. En otras palabras, aunque CONAP existía, era una institución totalmente desarticulada, con poco liderazgo, de accionar errático y dependiente del financiamiento y de la visión política de estas agencias”.

Al final de un año y medio de gestión, desde mediados de 1998 hasta finales de 1999, por primera vez se le dio seguimiento coordinado al problema de los incendios forestales; se realizaron varios estudios técnicos básicos y necesarios para profundizar en el conocimiento del Sistema de Áreas Protegidas - como el de la situación del pinabete en Guatemala, el valor económico del sistema, las políticas de manejo de áreas protegidas, el procedimiento de monitoreo, el estudio del conjunto volcánico de Guatemala, las políticas de turismo, de investigación y de manejo forestal, entre otros - y de esa manera administrarlo con mayores elementos de juicio. También se logró abrir la discusión de la actividad petrolera en áreas protegidas, asunto que hasta entonces era patrimonio exclusivo del Ministerio de Energía y Minas. La profesionalización del equipo técnico fue un hecho sin precedentes, lo que ayudó mucho a darle impulso al trabajo. Y sobre todo, se ordenó la información existente y se estableció una línea base, que nos permitiera saber qué avances o retrocesos se habían tenido en el trabajo de la institución.

“Todo eso hoy se ha perdido. La escasa o nula relevancia otorgada a la gestión ambiental integral por las mas altas autoridades del gobierno y el desmantelamiento institucional, ha provocado que los avances que se habían conseguido anteriormente (una década) hayan desaparecido, como por arte de magia, en menos de un año. Los técnicos, casi en su totalidad, han dejado de trabajar para CONAP. En lugar de fortalecerse en todos los ámbitos, la institución perdió, con la creación del Ministerio del Ambiente, toda su capacidad de gestión autónoma. Las amenazas de invasiones en la Reserva de la Biosfera Maya son hoy mayores que nunca. Los acuerdos de reubicación de los pobladores que están en las áreas protegidas, y que tanto costaron negociar en beneficio colectivo, se han interrumpido. Las inversiones en ciertas áreas prioritarias están a cero. Las concesiones forestales industriales en la Reserva están sin control y a la deriva. Los convenios de administración conjunta de áreas protegidas se han estancado o están en zozobra. La institucionalización de todos los procesos que fueron iniciados durante la gestión anterior están paralizados. Para colmo de males, las organizaciones civiles están débiles y políticamente anuladas, por lo que no están generando contrapeso para lograr que esta situación se revierta.

Desafortunadamente un año y medio no dio lo suficiente como para que la gestión que realizó todo mi equipo de trabajo se pudiera consolidar. Hoy, poco más de un año después de la entrada del nuevo gobierno, la institucionalidad ambiental esta anulada y los ejemplos de retroceso son variados. La cooperación internacional vuelve a no tener confianza en la institución, el desmantelamiento técnico y financiero es evidente, existe desorden administrativo.

La institución aún se puede reconstruir, pero es desalentadora la sensación de que en estos momentos es muy difícil, pues no existe la voluntad política de hacerlo. Muchas personas de mis alrededores comentan que en el momento actual vamos a tener que defender con uñas y dientes lo poco que queda, para que en una próxima gestión de un nuevo gobierno podamos empezar la reconstrucción del CONAP. Yo espero que esto no sea así.

Que alguien se de cuenta de la importancia de contar hoy con un CONAP consolidado y fuerte, que permita afianzar para el futuro la conservación de las áreas protegidas de Guatemala. Esto trasciende las buenas intenciones de algunas personas que aun están en estas instituciones, pues el respaldo requerido en finanzas, seguridad, fortalecimiento técnico, entre otros, debe ser proveído por las mas altas autoridades del gobierno”.

INTRODUCCION
Las áreas naturales protegidas son uno de los patrimonios más valiosos que tenemos las y los guatemaltecos; que le pertenece también a las generaciones que vienen después de nosotros; las cuales son importantes para el bienestar de lo demás habitantes de Planeta Tierra. El valor de las áreas naturales es inestimable, y radica en que son fuente de vida. Recibimos de ellas innumerables beneficios directos, y garantizan nuestra seguridad climática y alimentaría.
Por eso, en casi todos los países del mundo se ha declarado urgente la protección de las áreas naturales más importantes, y a éstas se les ha llamado áreas protegidas. En Guatemala, existen leyes que fueron decretadas para conservar ese patrimonio nacional. Sin embargo, las estamos perdiendo inexorablemente; las tendencias actuales señalan que dentro de muy poco no tendremos áreas naturales protegidas, por lo cual seremos realmente un país mucho más pobre y no tendremos opciones para el futuro. Eso significa que necesitamos cambiar radicalmente la manera como estamos haciendo las cosas. Se necesitan voluntad política y vigilancia ciudadana, para asegurar que esas leyes se cumplan. El futuro dependerá de los que logremos hacer, compartiendo las responsabilidades y los derechos que nos corresponden como ciudadanos y como funcionarios públicos.

OBJETIVOS
General:
Aprender sobre los conceptos de las áreas protegidas de Guatemala
Específicos:
Definir el concepto de áreas protegidas
Describir las funciones de CONAP
Realizar un análisis de la gestión de del SIGAP
Analizar los efectos de la política agraria y de refugiados a las áreas protegidas y reservas naturales

CONCLUSIONES
Las área silvestres protegidas son todos aquellos territorios terrestres o acuáticos, administrados de una manera especial, los cuales tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora, la fauna y sus interacciones con recursos culturales.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas fue creado a partir de la promulgación por el Congreso de la Republica La Ley de Áreas Protegidas su principal función es el de conservar una diversidad biológica por medio de áreas protegidas y mantener la generación de servicios ambientales, para el desarrollo del país así como diseñar y ejecutar política, estrategias, y normas para el control adecuado de dichas áreas.
El SIGAP esta conformado por las áreas protegidas y, las entidades que las administran independientemente de su categoría de manejo o de efectividad de manejo. Posee alrededor de 91 áreas protegidas en general que fueron declaradas ara proteger bellezas escénicas, rasgos culturales o para proteger vegetación o fauna silvestre.
El uso de tierras forestales del Estado para la realización de actividades agropecuarias, conlleva a la sustitución de los ecosistemas forestales por agroecosistemas en suelos que, en su mayoría, son de vocación forestal,esto causa un daño en el ecosistema y los agricultores no ven solución a su problema porque utilizan inadecuadamente la tierra por no contar con instrumentos técnico-financieros.

RECOMENDACIONES
Crear conciencia en los guatemaltecos para participar en el cuidado de los recursos con los que se cuenta, ya que de las áreas protegidas se cuentan los volcanes y parques los cuales son visitados pero mal tratados por dichos visitantes.
Buscar la manera de mejorar las políticas ya que actualmente esta protegido únicamente el 28% del territorio nacional. Por lo menos un 50% de las tierras guatemaltecas debieran manejarse con criterios ecológicos; bajo las categorías más livianas de protección, en un modelo en el que la gente tenga participación directa en las acciones de conservación de las tierras en que habitan.
Capacitar a los agricultores para seguir utilizando las tierras forestales pero con técnicas avanzadas con las cuales se logre un equilibrio y respeto por la naturaleza. Utilizando cooperación de países como Israel el cual cuenta con estudios avanzados de agricultura en suelos forestales.

POLÍTICA DE REPATRIADOS


Aunque no está explícita en las políticas del gobierno, la política de repatriación lleva consigo una política agraria. Esta política consiste en el reasentamiento de poblaciones desplazadas por la violencia en fincas en donde el proceso común consiste en la realización de actividades agropecuarias. Gran parte de las fincas adquiridas por los retornados poseían bosque en el momento de su adquisición y/o se encuentran en suelos de vocación forestal, lo que plantea serias dificultades para la sostenibilidad si no se realizan actividades ambientalmente compatibles. Actualmente su impacto es reducido debido al tamaño de la población repatriada.
De octubre 1992 a enero de 1995 se habían reasentado 1,287 familias (alrededor de 9,000 personas). Para este proceso se compraron 14,800 ha. por un valor de 36.7 millones de quetzales, lo que equivale a 11.5 ha./familias a un costo de O.2,479/ ha. (Q. 111,500/Cab.)
Los impactos de esta política son similares al de la política agraria. Es decir, colonización de tierras forestales del Estado para la realización de actividades agropecuarias, lo que conlleva a la sustitución de los ecosistemas forestales por agroecosistemas en suelos que, en su mayoría, son de vocación forestal. El problema es instalar a un grupo de agricultores en suelos de vocación forestal sin otorgarles instrumentos técnico-financieros para el uso adecuado de los recursos.
A pesar que el impacto actual en el uso de la tierra ha sido, en números absolutos relativamente bajos, no habría que perder de vista que solamente es el inicio de un proceso más amplio de repatriación, y que en la primera fase de reinserción, denominada de "Emergencia", existe apoyo en abastecimiento de granos básicos producto de donación, que evita de manera inmediata los procesos de cambio de uso de la tierra en las fincas escogidas.
RECOMENDACIÓN
Acompañar los procesos de planificación de repatriación con un programa de capacitación, extensión, asistencia crediticia y técnica en el campo forestal y en la producción agropecuaria sostenible.
Buscar opciones de desarrollo diferentes a la agricultura: turismo, agroindustria, artesanía, pequeña industria, entre otras.
Apoyar los incentivos económicos par el manejo y la producción forestal y la protección de los

POLÍTICA DE COLONIZACIÓN AGROPECUARIA


Las presiones políticas y sociales por la tierra, producto del problema agrario en Guatemala, determinaron que en el inicio de la década de los setenta se gestara una política de colonización de tierras forestales estatales, cuyo común denominador fue el cambio de uso de la tierra (deforestación). En la Franja Transversal del Norte, el Gobierno otorgó 850,000 ha. de tierras forestales estatales (Rubio, 1971) a través del instituto de Transformación Agraria (INTA); en las cuales actualmente sólo queda un 30% de bosque. De la misma manera, en el departamento del Petén se otorgaron 210,000 ha. (PAFG, 1992) , a través del Instituto de Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP)
Se promueve la colonización de tierras forestales del Estado para actividades agrícolas y pecuarias en los departamentos de Izabal, Petén y el norte de Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.
Entre 1970 y 1992 el Estado guatemalteco había implementado un vasto programa de colonización de la zona de bosque tropical húmedo de la vertiente atlántica, entregando más de un millón de ha. de tierras forestales para actividades agrícolas y sin instrumentos financieros y técnicos para el uso adecuado de los recursos naturales.
Según Decreto 54-92 (Reformas a la Ley de Transformación Agraria contenida en Decreto 1551 del Congreso de la República, reformada por el Decreto 27-80) en su artículo 6 (que modifica al antiguo artículo 78 del Decreto 1551) afirma: "transcurridos diez años después de constituido el patrimonio familiar agrario o patrimonio agrario colectivo, en cualesquiera de los parcelamientos existentes, contados a partir de la fecha de la primera adjudicación y habiendo pagado la totalidad del precio, saldrán de la tutela del Instituto sin declaración alguna y, en consecuencia, en lo sucesivo se regirán por el derecho civil administrativo, para los efectos de su registro".
Sin embargo, en la realidad las parcelas otorgadas por el FYDEP y el INTA se han negociado sin la tutela de la dichas instituciones, exactamente igual como si fuesen propiedad privada. Fenómeno que actualmente ha adquirido particular importancia debido a la dinámica que ha generado el mercado de tierras en el Petén y la Franja Transversal del Norte.
Mecanismos de aplicación
El proceso de adjudicación lleva consigo una serie de trámites en las que participa el adjudicatario y el INTA; solicitud, inspección, medición de la parcela, elaboración del contrato de compra, pago inicial, titulación y tutela.
En 1988 después de la liquidación del FYDEP, la Comisión Liquidadora de dicho instituto trasladó al INTA alrededor de 30,000 expedientes de trámite de legalización de tierra en el departamento de Petén.
Sin embargo la Ley Forestal, establece regulaciones para el cambio de uso de la tierra en zonas de vocación forestal y el Decreto 54-92, en su artículo 4 (que modifica el antiguo artículo 70) afirma que "los terrenos que por sus condiciones topográficas, por la protección que se debe prestar a las fuentes de agua o por otras razones deben dedicarse a zona de reforestación, quedarán sujetos a lo que sobre el particular establecen las leyes respectivas".
Desde el punto de vista agrario con esta política se ha logrado la entrega de más de 1.1 millones de hectáreas. Estas tierras han sido en su mayor parte tierras forestales del Estado.
Este proceso no ha resuelto el problema agrario del país, pero puede calificarse como una acción concreta para contrarrestar el problema de la tierra.
Impactos
La colonización dirigida por el Estado ha sido uno de los procesos más significativos en cuanto a la deforestación en el país. Se estima que más del 71% de las tierras otorgadas en los últimos años han sido deforestadas para actividades agropecuarias, sin tomar en cuenta la vocación de los suelos. Estos impactos se han presentado esencialmente en el norte de los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango y todo el departamento de Petén. De hecho, esta política de colonización ha sido la válvula de escape al problema de la tierra en Guatemala, con el inconveniente que no puede ser una política de largo plazo, por la cantidad de tierras actualmente disponibles. Las posibilidades de continuar con esta política son limitadas por falta de tierras.

RECOMENDACIONES


Fortalecer el manejo de las áreas protegidas, a través del involucramiento de las poblaciones locales en el manejo de las mismas, descentralizando el control de las áreas.
Redefinir en consenso con los sectores afectados, las regulaciones, incentivos y roles, en el manejo de los recursos naturales de las áreas protegidas declaradas.
Crear incentivos económicos para la conservación con el objeto de involucrar voluntariamente a los agentes económicos vinculadas con dichas áreas. Dichos incentivos deben ser coherentes con las posibilidades del Estado de otorgarlos y de los agentes económicos de ser beneficiarios de los mismos.

POLÍTICA DE ÁREAS PROTEGIDAS


Según lo establece la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89), en su artículo 69, la primera atribución del Consejo Nacional de Áreas protegidas (CONAP) es "elaborar la política de conservación del patrimonio natural de la nación". Sin embargo, luego de más de cinco años de haberse creado, no existe ningún planteamiento de estas políticas por parte de dicho consejo.
En la práctica, la política del CONAP ha sido generar las condiciones para la aprobación legal de un mayor número de áreas protegidas, ampliando "en el papel" la superficie de las mismas. La ampliación de estas áreas se lleva a cabo sin un marco de estrategia nacional de conservación y sin el suficiente respaldo financiero, administrativo e institucional para el manejo adecuado de las áreas legalmente declaradas.
Frecuentemente, la declaratoria, que implica una normativa especial para los recursos naturales del área declarada, se hace sin tener en cuenta los intereses de las comunidades afectadas y sin una estrategia para involucrar a las comunidades en el manejo de dichas áreas.
Producto de esta política, se han obtenido cuatro grandes logros:
Creación de la Reserva de Biosfera Maya (2.0 millones Has.)
Creación de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas (240,000 Has.)
Inicio de la gestión para la creación de 11 áreas protegidas en el sur del Petén (432,440 Has.; incluyendo áreas núcleo y de amortiguamiento) . Esta gestión aún no sido aprobada en el Congreso de la República, aunque ya cuenta con la aprobación del CONAP.
En resumen, en los últimos cuatro años, se han declarado legalmente alrededor de 2.24 millones de hectáreas y se está por aprobar otras 432,000 hectáreas.
El impacto de esta política ha sido la declaratoria legal de más de dos millones de hectáreas como áreas protegidas. Sin embargo, detrás de la aprobación legal no ha existido el suficiente apoyo financiero, técnico e institucional, para que las áreas declaradas sean manejadas adecuadamente. Los usuarios de los recursos de estas tierras desconocen las nuevas regulaciones aprobadas, creando así una incertidumbre sobre las posibilidades de aprovechamiento de los recursos. Esto ha incidido en la degradación progresiva de los recursos existentes en dichas áreas y en la pérdida de posibilidades de desarrollo para el país.

DESARROLLO EN LOS AÑOS 1955-1998


Durante el periodo de 1955 a 1960 se declaró el mayor n'umero de áreas protegidas en la historia del país con 48 área protegidas, casi el 50% de las existentes actualmente. Sin embargo su impacto de conservación es limitado ya que cubre sólo el 4.4% del área del SIGAP .
Los siguientes 25 años entre 1960 y 1985 fueron muy poco significativos con respecto a la creación de áreas protegidas, fueron declaradas sólo diez.
No es sino hasta la creación del CONAP y el SIGAP (1989) cuando realmente toma impulso la protección in situ de los recursos naturales y se abre camino para la creación de extensas áreas protegidas. Del periodo entre 1986 a 1995 se declaran 27 áreas nuevas protegidas las cuales equivalen el 89% del territorio protegido actualmente.
En los últimos dos años se declararon 16 nuevas áreas, de las cuales 10 son reservas privadas, mostrando el interés de personas particulares por la conservación del patrimonio del país.
Es de mucha importancia señalar que 35 de los volcanes declarados como áreas protegidas en 1995 no tienen limites legales y ninguna institución se hizo responsable de su administración. Actualmente CONAP se encuentra realizando estudios para iniciar una delimitación de dichos volcanes.

DESARROLLO EN LOS AÑOS 1990-2000


En los años 90 se declaran parques más grandes y las Reservas de la Biosfera más importantes del país. Se declaran la Reserva de la Biosfera Maya, que protege amplios recursos naturales de Peten y la Reserva de la Biosfera de las minas. Para finales de 1995 según el Decreto 64-95 del congreso de la Republica se declaran nuevas áreas protegidas:
Reserva Biosfera Montañas mayas
Chiquibul
Reservas Biológicas San Román
Refugio de Vida Silvestre Machaquila
Xutilha
Refugio de Vida silvestres El Pucté
Petexbatún
Para el año 1996 según el Decreto 38-96del congreso de la Republica se declara área protegidas el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic