Aunque no está explícita en las políticas del gobierno, la política de repatriación lleva consigo una política agraria. Esta política consiste en el reasentamiento de poblaciones desplazadas por la violencia en fincas en donde el proceso común consiste en la realización de actividades agropecuarias. Gran parte de las fincas adquiridas por los retornados poseían bosque en el momento de su adquisición y/o se encuentran en suelos de vocación forestal, lo que plantea serias dificultades para la sostenibilidad si no se realizan actividades ambientalmente compatibles. Actualmente su impacto es reducido debido al tamaño de la población repatriada.
De octubre 1992 a enero de 1995 se habían reasentado 1,287 familias (alrededor de 9,000 personas). Para este proceso se compraron 14,800 ha. por un valor de 36.7 millones de quetzales, lo que equivale a 11.5 ha./familias a un costo de O.2,479/ ha. (Q. 111,500/Cab.)
Los impactos de esta política son similares al de la política agraria. Es decir, colonización de tierras forestales del Estado para la realización de actividades agropecuarias, lo que conlleva a la sustitución de los ecosistemas forestales por agroecosistemas en suelos que, en su mayoría, son de vocación forestal. El problema es instalar a un grupo de agricultores en suelos de vocación forestal sin otorgarles instrumentos técnico-financieros para el uso adecuado de los recursos.
A pesar que el impacto actual en el uso de la tierra ha sido, en números absolutos relativamente bajos, no habría que perder de vista que solamente es el inicio de un proceso más amplio de repatriación, y que en la primera fase de reinserción, denominada de "Emergencia", existe apoyo en abastecimiento de granos básicos producto de donación, que evita de manera inmediata los procesos de cambio de uso de la tierra en las fincas escogidas.
RECOMENDACIÓN
Acompañar los procesos de planificación de repatriación con un programa de capacitación, extensión, asistencia crediticia y técnica en el campo forestal y en la producción agropecuaria sostenible.
Buscar opciones de desarrollo diferentes a la agricultura: turismo, agroindustria, artesanía, pequeña industria, entre otras.
Apoyar los incentivos económicos par el manejo y la producción forestal y la protección de los
De octubre 1992 a enero de 1995 se habían reasentado 1,287 familias (alrededor de 9,000 personas). Para este proceso se compraron 14,800 ha. por un valor de 36.7 millones de quetzales, lo que equivale a 11.5 ha./familias a un costo de O.2,479/ ha. (Q. 111,500/Cab.)
Los impactos de esta política son similares al de la política agraria. Es decir, colonización de tierras forestales del Estado para la realización de actividades agropecuarias, lo que conlleva a la sustitución de los ecosistemas forestales por agroecosistemas en suelos que, en su mayoría, son de vocación forestal. El problema es instalar a un grupo de agricultores en suelos de vocación forestal sin otorgarles instrumentos técnico-financieros para el uso adecuado de los recursos.
A pesar que el impacto actual en el uso de la tierra ha sido, en números absolutos relativamente bajos, no habría que perder de vista que solamente es el inicio de un proceso más amplio de repatriación, y que en la primera fase de reinserción, denominada de "Emergencia", existe apoyo en abastecimiento de granos básicos producto de donación, que evita de manera inmediata los procesos de cambio de uso de la tierra en las fincas escogidas.
RECOMENDACIÓN
Acompañar los procesos de planificación de repatriación con un programa de capacitación, extensión, asistencia crediticia y técnica en el campo forestal y en la producción agropecuaria sostenible.
Buscar opciones de desarrollo diferentes a la agricultura: turismo, agroindustria, artesanía, pequeña industria, entre otras.
Apoyar los incentivos económicos par el manejo y la producción forestal y la protección de los
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