Las presiones políticas y sociales por la tierra, producto del problema agrario en Guatemala, determinaron que en el inicio de la década de los setenta se gestara una política de colonización de tierras forestales estatales, cuyo común denominador fue el cambio de uso de la tierra (deforestación). En la Franja Transversal del Norte, el Gobierno otorgó 850,000 ha. de tierras forestales estatales (Rubio, 1971) a través del instituto de Transformación Agraria (INTA); en las cuales actualmente sólo queda un 30% de bosque. De la misma manera, en el departamento del Petén se otorgaron 210,000 ha. (PAFG, 1992) , a través del Instituto de Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP)
Se promueve la colonización de tierras forestales del Estado para actividades agrícolas y pecuarias en los departamentos de Izabal, Petén y el norte de Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.
Entre 1970 y 1992 el Estado guatemalteco había implementado un vasto programa de colonización de la zona de bosque tropical húmedo de la vertiente atlántica, entregando más de un millón de ha. de tierras forestales para actividades agrícolas y sin instrumentos financieros y técnicos para el uso adecuado de los recursos naturales.
Según Decreto 54-92 (Reformas a la Ley de Transformación Agraria contenida en Decreto 1551 del Congreso de la República, reformada por el Decreto 27-80) en su artículo 6 (que modifica al antiguo artículo 78 del Decreto 1551) afirma: "transcurridos diez años después de constituido el patrimonio familiar agrario o patrimonio agrario colectivo, en cualesquiera de los parcelamientos existentes, contados a partir de la fecha de la primera adjudicación y habiendo pagado la totalidad del precio, saldrán de la tutela del Instituto sin declaración alguna y, en consecuencia, en lo sucesivo se regirán por el derecho civil administrativo, para los efectos de su registro".
Sin embargo, en la realidad las parcelas otorgadas por el FYDEP y el INTA se han negociado sin la tutela de la dichas instituciones, exactamente igual como si fuesen propiedad privada. Fenómeno que actualmente ha adquirido particular importancia debido a la dinámica que ha generado el mercado de tierras en el Petén y la Franja Transversal del Norte.
Mecanismos de aplicación
El proceso de adjudicación lleva consigo una serie de trámites en las que participa el adjudicatario y el INTA; solicitud, inspección, medición de la parcela, elaboración del contrato de compra, pago inicial, titulación y tutela.
En 1988 después de la liquidación del FYDEP, la Comisión Liquidadora de dicho instituto trasladó al INTA alrededor de 30,000 expedientes de trámite de legalización de tierra en el departamento de Petén.
Sin embargo la Ley Forestal, establece regulaciones para el cambio de uso de la tierra en zonas de vocación forestal y el Decreto 54-92, en su artículo 4 (que modifica el antiguo artículo 70) afirma que "los terrenos que por sus condiciones topográficas, por la protección que se debe prestar a las fuentes de agua o por otras razones deben dedicarse a zona de reforestación, quedarán sujetos a lo que sobre el particular establecen las leyes respectivas".
Desde el punto de vista agrario con esta política se ha logrado la entrega de más de 1.1 millones de hectáreas. Estas tierras han sido en su mayor parte tierras forestales del Estado.
Este proceso no ha resuelto el problema agrario del país, pero puede calificarse como una acción concreta para contrarrestar el problema de la tierra.
Impactos
La colonización dirigida por el Estado ha sido uno de los procesos más significativos en cuanto a la deforestación en el país. Se estima que más del 71% de las tierras otorgadas en los últimos años han sido deforestadas para actividades agropecuarias, sin tomar en cuenta la vocación de los suelos. Estos impactos se han presentado esencialmente en el norte de los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango y todo el departamento de Petén. De hecho, esta política de colonización ha sido la válvula de escape al problema de la tierra en Guatemala, con el inconveniente que no puede ser una política de largo plazo, por la cantidad de tierras actualmente disponibles. Las posibilidades de continuar con esta política son limitadas por falta de tierras.
Se promueve la colonización de tierras forestales del Estado para actividades agrícolas y pecuarias en los departamentos de Izabal, Petén y el norte de Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.
Entre 1970 y 1992 el Estado guatemalteco había implementado un vasto programa de colonización de la zona de bosque tropical húmedo de la vertiente atlántica, entregando más de un millón de ha. de tierras forestales para actividades agrícolas y sin instrumentos financieros y técnicos para el uso adecuado de los recursos naturales.
Según Decreto 54-92 (Reformas a la Ley de Transformación Agraria contenida en Decreto 1551 del Congreso de la República, reformada por el Decreto 27-80) en su artículo 6 (que modifica al antiguo artículo 78 del Decreto 1551) afirma: "transcurridos diez años después de constituido el patrimonio familiar agrario o patrimonio agrario colectivo, en cualesquiera de los parcelamientos existentes, contados a partir de la fecha de la primera adjudicación y habiendo pagado la totalidad del precio, saldrán de la tutela del Instituto sin declaración alguna y, en consecuencia, en lo sucesivo se regirán por el derecho civil administrativo, para los efectos de su registro".
Sin embargo, en la realidad las parcelas otorgadas por el FYDEP y el INTA se han negociado sin la tutela de la dichas instituciones, exactamente igual como si fuesen propiedad privada. Fenómeno que actualmente ha adquirido particular importancia debido a la dinámica que ha generado el mercado de tierras en el Petén y la Franja Transversal del Norte.
Mecanismos de aplicación
El proceso de adjudicación lleva consigo una serie de trámites en las que participa el adjudicatario y el INTA; solicitud, inspección, medición de la parcela, elaboración del contrato de compra, pago inicial, titulación y tutela.
En 1988 después de la liquidación del FYDEP, la Comisión Liquidadora de dicho instituto trasladó al INTA alrededor de 30,000 expedientes de trámite de legalización de tierra en el departamento de Petén.
Sin embargo la Ley Forestal, establece regulaciones para el cambio de uso de la tierra en zonas de vocación forestal y el Decreto 54-92, en su artículo 4 (que modifica el antiguo artículo 70) afirma que "los terrenos que por sus condiciones topográficas, por la protección que se debe prestar a las fuentes de agua o por otras razones deben dedicarse a zona de reforestación, quedarán sujetos a lo que sobre el particular establecen las leyes respectivas".
Desde el punto de vista agrario con esta política se ha logrado la entrega de más de 1.1 millones de hectáreas. Estas tierras han sido en su mayor parte tierras forestales del Estado.
Este proceso no ha resuelto el problema agrario del país, pero puede calificarse como una acción concreta para contrarrestar el problema de la tierra.
Impactos
La colonización dirigida por el Estado ha sido uno de los procesos más significativos en cuanto a la deforestación en el país. Se estima que más del 71% de las tierras otorgadas en los últimos años han sido deforestadas para actividades agropecuarias, sin tomar en cuenta la vocación de los suelos. Estos impactos se han presentado esencialmente en el norte de los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango y todo el departamento de Petén. De hecho, esta política de colonización ha sido la válvula de escape al problema de la tierra en Guatemala, con el inconveniente que no puede ser una política de largo plazo, por la cantidad de tierras actualmente disponibles. Las posibilidades de continuar con esta política son limitadas por falta de tierras.
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